Cuatro décadas de la economía española


Hoy se cumplen cuatro décadas de uno de los sucesos más importantes del siglo XX español: la celebración de elecciones a las que fueron las Cortes Generales que tramitaron la actual Constitución Española. Veamos cómo nos ha afectado.

Los comienzos: crisis y construcción de un marco institucional

La prioridad durante los gobiernos de Suárez fue desde el comienzo articular un orden jurídico e institucional nuevo. Se pactaron muchos acuerdos, el más importante de ellos el de la propia Constitución Española. Además, se diseñó una primera versión de los estatutos de autonomía y de varias leyes importantes.

Entre las leyes más importantes de ese período se encontraban, por ejemplo, algunas leyes orgánicas que regulaban instituciones o las que desarrollaban el contenido de los derechos y deberes recogidos en la Constitución Española.

Sin embargo, la situación económica nacional e internacional no fue propicia. En los últimos años del franquismo la economía española había entrado en una importante crisis. Llegaban el paro y la inflación. La economía española perdía mucha competitividad.

Desde el principio, se otorgó una importancia superior al logro de un marco jurídico-político estable sobre cualquier otra consideración acerca de la competitividad.

Años 80: el giro de la intervención pública

Los primeros años del gobierno de Felipe González transformaron de forma importante los perfiles de la intervención del Estado en los mercados. Por un lado, disminuyó progresivamente el peso del INI, el conglomerado de empresas públicas. Paralelamente, la economía española inició un proceso de reconversión.

La estrategia pasada se basaba en muchos casos en la subvención de pérdidas en empresas públicas. Se aspiraba a culminar un proceso de aprendizaje que, a largo plazo, mejorase de una forma muy sensible la competitividad de determinados sectores. Las pérdidas cuantiosas en diferentes empresas públicas, las dificultades de la tarea emprendida y las condiciones de entrada en las Comunidades Europeas motivaron el giro de la política industrial y el comienzo de la reconversión.

Por otro lado, se impulsó la inversión pública en infraestructuras. Además, dotar a España de un estado del bienestar lo más homologable posible al de otros países europeos.

La prioridad durante esa época es claramente introducir a España en las Comunidades Europeas.

Comienzos de los años 90: internacionalización

Los años 90 comenzaron con avances en las Comunidades Europeas. Se funden para crear la actual Unión Europea, se pone en marcha un Mercado Único, se da vida a nuevos tratados y se concretan los criterios de Maastricht. El proceso culminará con la entrada de nuevos socios: Austria, Suecia y Finlandia.

España quiso también incrementar su presencia internacional. Por un lado, se buscó que muchas personas de todo el mundo tuviesen un conocimiento de la existencia de una España democrática. Para ello se eligieron tres eventos celebrados en 1992: los Juegos Olímpicos en Barcelona, la organización de la Expo92 en Sevilla y la capitalidad cultural europea de ese año para Madrid.

Además, se apostó por el incremento de lazos empresariales e institucionales con diversos países americanos.

Por otro lado, este período coincide con una importante crisis económica. El desempleo comienza a convertirse en una de las principales preocupaciones que confesaban los españoles en las encuestas.

El umbral entre el siglo XX y el siglo XXI: el euro

En los últimos años del siglo XX y en los comienzos del XXI, con los gabinetes de José María Aznar, la prioridad política va a tener un nombre claro: el euro. El esfuerzo se focaliza en cumplir las condiciones pactadas unos años antes en Maastricht.

En líneas generales, los criterios de Maastricht se orientaban a incrementar el grado de disciplina presupuestaria de los países candidatos a ingresar en la moneda única.

Se contendría el déficit público, buscando una reducción de la deuda pública. Además, los países se comprometerían a no devaluar sus monedas. El efecto debería ser una disminución sustancial de la prima de riesgo, que aproximase el tipo de interés que se exigía a la deuda pública española al que se exigía por la de Alemania y otros países que se consideraba que tenían un elevado grado de solvencia. Todo ello debía reducir de forma sustancial la inflación.

A tal efecto, se buscó una política fiscal más contenida. Se disminuyó el ritmo de crecimiento del gasto público y se implementaron ligeras subidas de impuestos. El crecimiento económico de aquellos años y la progresiva disminución de la prima de riesgo española hacían el resto para intentar encontrar unas finanzas públicas más saneadas.

Por fin, se acabó cumpliendo buena parte de los requisitos marcados en Maastricht. El de rebajar la deuda pública por debajo del 60% del PIB no se cumplió en España y en otros países candidatos, pero se decidió relajar un poco la exigencia. No obstante, más tarde España llegaría a cumplir holgadamente.

El euro trajo una reducción muy sustancial de los tipos de interés con los que acostumbraba a convivir la economía española. No olvidemos que, en realidad, el tipo de interés no es el precio del dinero (que por definición siempre es 1), sino del tiempo. Todo lo referido al futuro sonaba más creíble, más apetecible.

La segunda mitad de los 90 aporta un crecimiento espectacular de los índices bursátiles, alimentado por el crecimiento y esa mayor confianza en el futuro, aunque en los últimos trimestres del siglo se ve frenado. También subirán los precios de los activos de renta fija, en paralelo a la reducción de sus rentabilidades.

Con el cambio de siglo se asentará también un gran incremento de los precios de los inmuebles. Por un lado, los precios suben por la mejora del acceso al crédito y porque los precios de todos los activos lo hacen en contextos de reducciones importantes de tipos de interés. La reducción del desempleo y los cambios en las preferencias y características de la población también ayudan mucho. También es fundamental en ese proceso la rigidez a corto plazo de la oferta inmobiliaria.

El enfoque hacia problemas de colectivos específicos

Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar habían centrado su acción de gobierno en torno a las características generales de la economía española. José Luis Rodríguez Zapatero optará por un enfoque diferente: el de los colectivos específicos.

Para ello, abordará dos grandes cuestiones. Por un lado, abrirá  una nueva fase del debate territorial. Se apuesta por una reforma en profundidad de los estatutos de autonomía de Andalucía y Cataluña, que luego se extendería a otras comunidades autónomas.

En los años 90 también se había producido un proceso de reformas estatutarias. Sin embargo, el matiz es muy importante. En el de los 90 el objetivo era generalizar un modelo, ampliando las competencias de muchas comunidades. En el iniciado por Rodríguez Zapatero el objetivo es atender a sensibilidades específicas dentro de cada territorio.

Por otro lado, se esbozan diferentes políticas con el objetivo de buscar la igualdad efectiva de colectivos específicos, con énfasis especial en la igualdad entre hombres y mujeres.

La llegada de la crisis

En el comienzo de la crisis, Rodríguez Zapatero optó, tras un período de llamada a la calma, por iniciar un proceso de fuerte incremento del déficit.

La primera razón de ese proceso es que el déficit depende del momento económico. En épocas de crisis se recauda menos y se tienen que atender mayores compromisos.

En segundo lugar, se decidió ampliar los compromisos ya existentes en las leyes, con el fin de abordar nuevos problemas de colectivos específicos, como el de los parados de larga duración.

En tercer lugar, se tenía la idea de que España necesitaba un impulso de la demanda que recuperase el crecimiento económico. Y se pensaba también que ese impulso lo debía dar la política presupuestaria, de modo que el déficit público debía crecer de forma considerable.

La estabilización

Los últimos gabinetes de José Luis Rodríguez Zapatero y los de Mariano Rajoy han tenido un objetivo claro: la estabilidad. Y el primer capítulo es la estabilidad presupuestaria. La herramienta han sido los popularmente conocidos como “recortes”, que consisten en reducciones de gasto público (o contenciones de su ritmo de crecimiento) acompañadas de subidas de impuestos.

El reto de estos años es la búsqueda de un equilibrio entre dar estabilidad a las expectativas de ciudadanos, organizaciones y empresa y, por otro lado, aportar estabilidad financiera.

La estabilidad financiera de las cuentas públicas y privadas requiere, en momentos determinados, decisiones rápidas, no siempre las más justas o eficientes. Es decir, ha necesitado recortar en aquello que es más sencillo, que puede instrumentarse en pocas horas mediante un decreto ley.

A largo plazo, uno de los más importantes determinantes de la credibilidad financiera del presupuesto público es la efectividad de las reformas. Sin embargo, por necesaria que sea, toda reforma tiene algunos efectos desestabilizadores. Suele generar beneficiados y perjudicados y, muchas veces, los perjudicados lo son de forma muy directa.

En ese sentido, los últimos gobiernos de Rodríguez Zapatero y los de Rajoy han optado, en la mayoría de las ocasiones, por reformas con un impacto más general sobre el conjunto de la población, como la laboral o determinadas reformas administrativas.

La razón es que se pretenden evitar los efectos desestabilizadores que para el colectivo principalmente afectado tiene la reforma en profundidad de un determinado sector. Lo malo es que algunas ineficiencias o injusticias importantes pueden perdurar en el tiempo. Lo bueno es que se aporta seguridad y confianza.

Los sucesivos gobiernos han ido enfocando sus políticas a diferentes objetivos, muy relacionados con las ideas de los partidos que los han sostenido y con el momento que les ha correspondido. Los éxitos y fracasos de la economía española guardan cierta relación con los éxitos y fracasos a la hora de conseguir los objetivos marcados.

De cualquier forma, no debemos olvidar que los tiempos acaban demostrando que no todos los objetivos son acertados o, al menos, que no lo son desde la perspectiva de la mayoría de la población. Conociendo todo lo que ha sucedido, muchas personas estarían de acuerdo con iniciativas diferentes a las que respaldaban en su momento.

Por otro lado, tampoco se debe olvidar que la situación de la economía española depende del grado de acierto de sus políticos, pero no solamente de ello. El acierto de ciudadanos, empresas y organizaciones y el contexto del momento marcan, si cabe en mayor medida, el devenir de la economía.

Acerca de Gonzalo García Abad

Licenciado en Economía con amplio interés en la Fiscalidad, la Contabilidad, las Finanzas y el Derecho.
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