España es un país con muchos y muy variados recursos turísticos en el que el turismo tiene un peso muy importante en PIB, en el empleo y en nuestra balanza por cuenta corriente. Un aspecto muy importante es el papel de la promoción turística. El Estado, las CCAA o las Entidades Locales destinan mucho dinero a la construcción, mantenimiento y explotación de infraestructuras turísticas. Así, se han construido parques temáticos, paradores, puertos deportivos, campos de golf, estaciones de esquí, grandes pabellones para museos o exposiciones temporales, etc. Ese tipo de política tiene varios inconvenientes. En primer lugar, esas inversiones pueden desplazar a otras inversiones públicas o privadas más rentables socialmente, e incluso para el propio sector turístico. Además, las inversiones en determinados destinos turísticos pueden desplazar los visitantes de unos lugares a otros, haciendo que el mayor turismo en una zona sea a costa de la disminución de visitantes en otra. Otro problema, y quizá el más dramático, es el de la falta de adaptabilidad de esos recursos públicos destinados al turismo en el caso de que la realidad no confirme las expectativas sobre la llegada de visitantes. Y un problema político es que decidir invertir sumas importantes de dinero en determinados lugares puede ser una fuente de clientelismo. Creo que para las arcas públicas, para el sector turístico, para el usuario de servicios turísticos y para la sociedad en general sería mejor un camino alternativo, el camino de la regulación y la coordinación turística. 

El principal problema que tiene la intervención directa del Estado destinando cuantiosas inversiones y abundante personal a este tipo de actuaciones turísticas es su falta de adaptabilidad. Cuando se proyecta una intervención de este tipo todo son esperanzas. La mayoría de los municipios grandes de España han soñado con un fuerte incremento de los visitantes después de la construcción de un gran pabellón destinado a exposiciones o a museos, muchos piensan tener un incremento de visitantes semejante al que se produjo en Bilbao tras el Guggenheim. Sin embargo, no siempre se producen éxitos semejantes. ¿Qué sucede con esos recursos destinados al fomento del turismo en caso de fracaso? Una baja utilización de las infraestructuras y una menor necesidad de personal. Sin embargo, es difícil enderezar el rumbo. La venta de las infraestructuras es muy complicada, destinarlas a otras actividades es casi imposible en la mayoría de los casos. ¿A qué otra actividad se puede destinar un puerto deportivo si no tiene éxito? En cuanto al personal, una posibilidad es destinarlo a otras empresas públicas o como personal laboral en la Administración. No suele ser sencillo, porque en esos otros ámbitos se necesita personal especializado en otras tareas pero, sobre todo, supondría una derrota para el turismo, al terminar parte del personal fuera de la actividad turística (justo lo contrario de lo que se entiende por promover una actividad). Otra posibilidad son los despidos. Los despidos son muy dolorosos por el drama personal (mucha gente se queda sin trabajo), el drama político (el personal se convierte en una clientela política a la espera de «solución» a su problema) y un drama para las finanzas públicas (por el coste de las indemnizaciones).

El turismo suele partir del aprovechamiento de determinados recursos tales como una playa, un monte, un monumento, una fiesta, etc.   Creo que en este sentido es fundamental la regulación. Hay que encontrar un marco jurídico que busque la supervivencia de ese recurso turístico. Pero a la misma vez ese recurso turístico es  un recurso fundamental para el desarrollo de otras actividades. Por ejemplo las catedrales se dedican al culto, los montes son objeto de explotaciones como las forestales o las ganaderas, en las costas se desarrollan actividades tan importantes como el comercio marítimo o la pesca, las ciudades siguen teniendo actividad incluso en fiestas, etc. Ese es un equilibrio fundamental. Es decir cuando se desarrolla una determinada actividad, quienes la desarrollan tienden a tener en cuenta solamente los beneficios y costes que han de asumir ellos, pero no los que recaen sobre los demás. Es lo que se conoce como externalidades. Hay que buscar herramientas para internalizar esos costes y beneficios. Es decir, hay que mitigar los efectos negativos que unas actividades tienen en las otras y buscar la mayor complementariedad. En algunos casos el desarrollo del turismo implica el completo desplazamiento de otro tipo de actividades.

Un aspecto de capital importancia en el turismo es que un conjunto grande de empresas viajan en el mismo barco. Si en un determinado destino no hay visitantes, a todas las empresas que viven de la clientela que atrae el turismo les disminuye su demanda. Por eso es muy importante coordinar proyectos entre ellas. Deben valorar qué tipo de servicios necesita el turista para llegar y para que la llegada de ese turista genere ingresos en ese destino determinado. Sería bueno generar un marco para decisiones conjuntas, para ofrecer un servicio coherente. Ese marco debe permitir una coordinación que no elimine la competencia, que no imponga a las empresas implicadas restricciones que no sean necesarias para conseguir los objetivos y que permitan participar al consumidor de forma equitativa en las ventajas.

Puede ser conveniente destinar algún gasto público a aquellas actividades turísticas que generan efectos externos positivos para el conjunto de la economía. Pero se pueden hacer muchas más cosas en materia de coordinación. El Estado dispone de muchos medios para detectar necesidades concretas en el turismo de una zona. También puede crear mecanismos de mediación entre las partes que hayan de llegar a un acuerdo, tanto las partes pertenecientes al sector como las pertenecientes a otros sectores relacionados. Otra cuestión muy importante es la garantía del cumplimiento de acuerdos entre las partes, sobre todo los financieros. Debe garantizar un marco jurídico adecuado. Debe garantizar una regulación de otros sectores en la que se considere la posición del sector turístico, un caso muy claro es la regulación del transporte. Son muy variadas las iniciativas que puede tomar el Estado, pero deben ir orientadas a que cada una de las partes realice sus aportaciones a un proyecto turístico que en parte será propio de cada una de las empresas implicadas, pero en otra parte es un proyecto colectivo cuya imagen se proyecta sobre el conjunto del sector y de la economía. Y sobre todo debe permitir un proyecto turístico para una determinada zona que sea abierto, que no dependa tanto de las grandes actuaciones de políticos ajenos al sector.