Las llamadas bajadas de impuestos, y digo llamadas porque muchas solamente lo parecen a primera vista sobre el papel, son un clásico en la lucha política. Sin embargo, a pesar de las reiteradísimas supuestas «bajadas de impuestos» en España y otros países, no existe una tendencia a la disminución progresiva de la presión fiscal.

¿Qué supondría una rebaja de impuestos real?

Una rebaja de impuestos real no se compensa con subidas de otros impuestos, ni aprovecha subterfugios para que los contribuyentes paguen más impuestos con tipos de gravamen menores.

Una rebaja real de impuestos se traduce en una disminución significativa y prolongada en el tiempo de la presión fiscal.  Una de las consecuencias importantes es que, de algún modo, el tamaño del Estado disminuye.

Sin embargo, algunas veces, se sobreestima el papel de la política. Una disminución real de impuestos no surge normalmente como pistoletazo de salida de un mayor protagonismo de empresas privadas en la prestación de servicios como la educación, la sanidad, la atención a la dependencia o las pensiones. Al contrario, suele ser su consecuencia, no su causa.

Ni los sistemas públicos son tan públicos, ni los privados tan privados. Lo público y lo privado se afianzan y se entorpecen mutuamente. La cuestión de que el protagonismo de los cambios en un sector lo lleve en un momento dado del tiempo el sector público o el privado tiene un componente tecnológico decisivo.

Los proyectos innovadores y la presión fiscal

Si, en un momento dado, el sector privado es capaz de encontrar soluciones técnicamente muy ventajosas para prestar un determinado servicio, conseguirá no solamente ganar clientes y crecer, sino que el sector público lo emule.

Por el contrario, cuando los proyectos públicos innovadores son exitosos, es el sector privado el que se comporta como un mero acompañante del proceso de cambio.

Paralelamente a quien tenga el protagonismo, camina la financiación. Sí, muchos servicios financiados por el Estado son provistos por empresas privadas. Es, por ejemplo, el caso de la enseñanza, la sanidad o las residencias concertadas.

Sin embargo, los conciertos implican una forma de control público de una actividad privada. Las empresas prestatarias de esos servicios tienen que ceder una parte de sus decisiones al Estado, que marca una serie de condiciones. Eso tiene lógica cuando se pretende adaptar un sistema público bastante consolidado a diferentes circunstancias que el sector privado sea capaz de cubrir mejor, pero siempre con un marco básico de condiciones semejante al del sector público.

Por el contrario, cuando surgen proyectos privados ambiciosos, no buscarán la financiación pública, sino mantener su capacidad de decisión, por lo que es normal que eviten la financiación pública para no encorsetar sus decisiones.

Cuando esos proyectos tienen éxito, ganan clientela para el sector privado, aliviando las necesidades de gasto público y, entonces, es cuando se da una de las condiciones necesarias para abordar una disminución de la presión fiscal.

¿Qué puede suceder en el futuro con la presión fiscal?

El futuro de la presión fiscal estará muy ligado al desarrollo de esos proyectos innovadores. Hay muchos proyectos en marcha, con características muy diferentes, pero dos de las más habituales son que se apoyan en herramientas digitales y que suelen tener un carácter internacional.

Si los proyectos públicos, especialmente los transfronterizos, tienen éxito, es posible que encontremos una manera de mejorar la calidad de los principales servicios públicos disminuyendo el coste de prestarlos.

En ese caso pueden suceder dos cosas. La primera es que esas experiencias exitosas se trasladen a otros ámbitos. El Estado podría prestar servicios que ahora no presta, lo que puede llevar a un incremento de la presión fiscal. Sin embargo, aun en el caso de éxito de los proyectos públicos, es probable que el Estado no se lance a aumentar la presión fiscal. Ahí hay un ámbito donde sí tendría un papel relevante la decisión política.

Si lo que sucede es que los proyectos privados no acaban de cuajar, que no se transforman en experiencias exitosas de prestación de servicios de mayor calidad y menor coste, es probable que se produzca un incremento de la presión fiscal.

Por el contrario, si existen proyectos privados exitosos que producen mejorías significativas en la forma en la que se prestan los servicios, entonces se dan condiciones necesarias, aunque no siempre suficientes, para producir una reducción significativa de la presión fiscal.

El papel del Estado como garante de la prestación de determinados servicios

En los principales servicios que presta el Estado, cumple dos funciones importantes de garantía, de red de seguridad.

La primera es la garantía de accesibilidad, es decir, de que esos servicios que ahora presta el Estado lleguen a amplias capas de la población o, incluso, que sean universales. Eso se puede hacer privadamente, por ejemplo, a través de las instituciones sin fines lucrativos o de iniciativas de responsabilidad social corporativa de las empresas participantes.

Sin embargo, el papel del Estado es asegurar que exista una determinada accesibilidad a los servicios y que eso se plasme en un derecho que puedan exigir los ciudadanos que cumplan los requisitos.

Si hay discrepancias en cuanto a las personas que deban recibir determinados servicios sin pagar una contraprestación o a cambio de una contraprestación reducida o en cuanto a las características del servicio que deben recibir, el Estado tiene a la ley como instrumento para hacer prevalecer su criterio.

La segunda garantía consiste en hacer posible que un sector funcione con normalidad. Por ejemplo, el colapso de la educación, sanidad, atención a la dependencia o las pensiones públicas afectaría gravemente a los respectivos sectores privados.

En esas condiciones es bastante probable que, si llega a ser necesario, los diferentes estados incrementen la presión fiscal si se encuentra que es la mejor manera para mantener la garantía de accesibilidad y de funcionamiento normal de determinados servicios.

Conclusión

Una reducción de la presión fiscal requeriría avances significativos en la calidad de la prestación de esos servicios por los respectivos sectores privados, al mismo tiempo que reducciones de costes y precios y unas condiciones de accesibilidad para grandes capas de la población que se consideren políticamente aceptables. De esos factores, sin duda, el verdadero reto es el tecnológico, es decir, encontrar la forma de prestar más y mejores servicios necesitando cada vez recursos menos costosos para lograrlo.