Una de la frases que suelen repetirse cuando se habla de corrupción es la de que los políticos «nos devuelvan lo robado». Por desgracia, sólo nos podrían devolver una pequeña parte del daño porque el daño es inmensamente mayor a eso que se llama coloquialmente «lo robado», e incluso existen gravísimos casos de corrupción en los que no existe algo así como «lo robado». Con esta entrada quiero iniciar una serie en la que quiero tratar cuatro tipos distintos de corrupción y sus implicaciones. La primera es aquella en la que el político se apropia de dinero público sin distorsionar directamente los mercados, la segunda es aquella en la que se produce distorsión de los mercados, la tercera es aquella en la que se «aligeran» trámites que de haberse llevado a cabo no hubiesen alterado el resultado final y la cuarta es aquella en la que no se produce movimiento de dinero ni otro tipo de prestaciones con valor material.

La apropiación de dinero público sin distorsión directa de los mercados

Ese sería el caso de el político que se apropia de fondos públicos, lo que coloquialmente se dice «mete la mano en la caja». Es raro que un político transfiera directamente dinero a sus cuentas desde la tesorería pública, porque existen controles para evitarlo y es relativamente sencillo de comprobar. Sin embargo, existe la posibilidad de que el político destine a gastos particulares el dinero público que se destina, por ejemplo a gastos de representación. El escándalo de 2009 en la Cámara de los Comunes del Reino Unido sería un buen ejemplo de este tipo de corrupción.

En estos casos el político no toma una decisión que distorsiona directamente los mercados, no hay una concesión u otro tipo de contrato, no hay una recalificación de terrenos, no se pasan por alto conductas prohibidas, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, de forma indirecta sí hay una distorsión de los mercados.

La distorsión de los impuestos no destinados a intereses públicos

Bueno, han malgastado, pero no han distorsionado los mercados, se puede pensar. Por desgracia no es así. Los fondos públicos provienen fundamentalmente de los impuestos. Los impuestos son muy necesarios para poder financiar el gasto público, pero no son gratis. Al introducir impuestos producimos alteraciones de los precios relativos de los bienes que hacen que las cantidades que se intercambian en los mercados varíen, lo que produce una pérdida de bienestar en los intervinientes en ese intercambio que va más allá de lo que recauda el Estado. Ese es un coste necesario que hay que asumir y tener en cuenta cuando recaudamos impuestos. Pero ese coste se asume porque financia gastos que se consideran necesarios. En estos casos de apropiación de dinero público para enriquecer a sujetos privados o satisfacer sus gastos particulares se produce la distorsión en los mercados pero no la compensación en forma de gasto público. Aunque devolviesen la cantidad desviada a su patrimonio particular, la distorsión en la economía es mayor. Es cierto que, en aquellos casos que se devuelve, se puede gastar más recaudando y distorsionando  menos, o reducir los impuestos, y la distorsión que producen, sin reducir el gasto público. Pero en tanto no se devuelva, el daño es mayor que «lo robado». En todo caso se produce, aun cuando se devuelva, una alteración en el momento en el que se recauda, ya no se recauda en el momento óptimo. Por ejemplo, los fondos sustraídos de un ayuntamiento pueden haber evitado gastos necesarios que han resultado en perjuicios para el buen funcionamiento y la continuidad de los servicios públicos. Aunque devuelvan intereses, puede haber perjuicios que van más allá. Por ejemplo, no se tenían recursos para gastar en la  prevención de los efectos destructivos de una catástrofe natural porque un político había sustraído fondos del ayuntamiento. Existe un momento óptimo de recaudación y este tipo de sustracciones lo distorsiona.

La conducta del político como señal de servicio leal al interés público

Por otro lado, el político por definición es un gestor de intereses que van más allá del propio personal, de intereses colectivos. Este es un caso claro de asimetría de la información. El ciudadano está preocupado por los asuntos públicos porque le afectan a su vida particular. Sin embargo, no podemos estar todos encima de los asuntos públicos, sino que tenemos que dejar su gestión a los políticos. Los políticos son quienes saben cómo van esos asuntos públicos que interesan a los ciudadanos, tienen más información que los ciudadanos. Los ciudadanos toman la conducta de los políticos como señal de que los políticos cuidan de sus intereses. El descubrimiento de ese hecho, de que el político ha destinado fondos públicos a intereses particulares, produce un cambio violento en esa señal que proporciona la conducta del político.

Pueden darse dos circunstancias diferentes: la primera es que el político haya sido un leal servidor de los intereses públicos que ha cometido un error, en ocasiones inducido por terceras personas que hayan querido terminar con su carrera. El problema es que el ciudadano no lo sabe. El político sabe más que el ciudadano y la señal que favorecía la confianza se ha deteriorado gravemente. ¿Cómo puede defender que seguirá siendo un leal servidor del interés colectivo en lo sucesivo? En ese caso se puede decir que hay un activo intangible, una conducta, que era señal de lealtad al servicio público, que se ha deteriorado, que ha perdido su valor. Hasta tal punto es así que muchas legislaciones imponen la pena de inhabilitación para el político descubierto en un acto de este tipo, aunque fuese un mero error aislado. Pero incluso el problema puede ir más allá, porque la desconfianza se puede extender a otros políticos, como por ejemplo los compañeros de partido o la de compañeros de coalición, aun cuando no tuviesen responsabilidad en los hechos y la conducta de los compañeros sea irreprochable.

Pero más frecuente será una segunda posibilidad, la de que esos hechos sean la señal de una conducta que prima el interés particular en detrimento del colectivo. En ese caso el dinero destinado a fines particulares es solamente una pequeña muestra de la gravedad del problema, un político que los ciudadanos votaron porque pensaban equivocadamente que serviría lealmente unos intereses colectivos y que ha podido tomar un amplio conjunto de decisiones lesivas para los intereses que se suponía que debía defender.

Obsérvese que tanto en un caso como en el otro el daño va mucho más allá de lo robado. En el caso de quien simplemente cometió un error, tenemos que prescindir de un buen servidor de interés público. En el caso de quien ha tenido una reiterada conducta de postergar el interés público en favor del interés particular el daño es mayor por todas las decisiones que haya podido tomar. Y siempre hay compañeros perjudicados, con independencia de si su conducta ha sido la que se espera de ellos o no, porque los ciudadanos lo desconocemos.