La inconsistencia dinámica o inconsistencia temporal de la política económica enfrenta a un gobierno a la cruda realidad de que los agentes económicos piensan a la hora de tomar decisiones. Imaginemos que usted se relaciona con alguien y que dependiendo del comportamiento  de ambos cada uno obtendrá unos resultados concretos. Lo lógico es que cada uno piense que hará el otro en cada una de las situaciones y  que, teniendo esa información en cuenta, actúe en consecuencia para obtener el resultado más favorable que pueda obtener, siempre teniendo en cuenta que la otra parte también razonará del mismo modo. Existen muchas situaciones en las que los políticos pueden decir que van a tomar una determinada medida que se supone que es la mejor en un determinado momento, pero los agentes económicos saben que esa medida no será su mejor respuesta llegado un momento posterior, por lo que no resulta creíble. Pongamos un ejemplo para comprenderlo mejor.

Imaginemos que un gobierno central reparte entre los municipios de un país los fondos destinados a realizar obras de construcción de  infraestructuras de conducción de agua potable, de desagües, de potabilización y tratamiento de aguas, etc. Lógicamente esos fondos serán muy importantes para los municipios, porque de ellos dependerá poder tener una adecuada gestión de las aguas. Ningún alcalde querrá quedarse sin esos fondos. Ahora, imaginemos que el gobierno central, sabiéndolo, piensa que puede ser una buena medida condicionar el hecho de poder disponer de esos fondos al cumplimiento de algún tipo de condición. Supongamos que en ese país los ayuntamientos tienden a ser muy cerrados y utilizan todo tipo de subterfugios para no admitir que trabajen para el ayuntamiento ciudadanos originarios de otros municipios y que eso está siendo una fuente de corrupción, al poder controlar el alcalde quien trabaja y quien no para el ayuntamiento. El gobierno central, preocupado por la situación de corrupción en esos municipios, podría condicionar la obtención de los fondos a que el número de trabajadores que trabajasen para el ayuntamiento que procediesen de otro municipio superase un umbral mínimo. Claramente la intención de ese gobierno central es muy buena. Pretende que los ayuntamientos se abran, sean menos corruptos y, a la misma vez, todos tendrán las infraestructuras adecuadas para el agua. El gobierno central piensa que ningún alcalde se atreverá a dejar sin agua a su municipio.

¿Suena bien, verdad? Quizá demasiado bien, pero esta política presenta una inconsistencia dinámica o temporal, también denominado de incoherencia temporal o dinámica.  Lo que no ha pensado el gobierno central es que cada uno de los alcaldes también piensa. Esos alcaldes, por su parte, están interesados en seguir controlando a quien contrate el ayuntamiento y en seguir utilizando toda clase de subterfugios para que sean los vecinos del pueblo los que acaparen todos los puestos, porque son los que les van a votar. No están dispuestos a ceder. El alcalde se planteará que tiene dos opciones: cumplir y renunciar a  su particular parcela, en cuyo caso el municipio tendrá agua; o no cumplir. Todos los alcaldes se plantearán un decisión semejante. ¿Qué pasaría si el alcalde no cumple? Teóricamente el municipio podría perder algo muy importante como es tener las infraestructuras necesarias para una adecuada gestión del agua. Ningún alcalde querría ser el que tuviese que decir a sus vecinos «nos hemos quedado sin agua». Pero en la práctica, el alcalde sabe que el gobierno central no quiere dejar a los vecinos de su municipio sin agua, de forma que en última instancia acabará cediendo y, aunque el municipio no cumpla las condiciones, los fondos para las infraestructuras del agua llegarán. Sabe que la higiene, la disponibilidad de agua, el cuidado del entorno o la limpieza de las calles son objetivos más importantes para el gobierno central que la consecución de algunos pequeños logros en la lucha contra la corrupción municipal. Por lo tanto, los alcaldes no cumplirán con lo prometido y, a pesar de todo, tendrán los fondos para las infraestructuras del agua. Es evidente que esa política del gobierno central de ese país tiene muy buenas intenciones, pero un claro problema de credibilidad.

El problema está claro, lo que a priori puede ser correcto, en el siguiente período, deja de ser correcto.¿Cuál podría ser la solución? La solución pueden ser las reglas.  En nuestro ejemplo, si hubiese una regla que hiciese inviable que el gobierno central financiase las infraestructuras del agua a los incumplidores, los alcaldes podrían creer que esa política se va a llevar a efecto. Por ejemplo, se podría establecer que la financiación sea automática y no dependa de una decisión del gobierno central, sino simplemente de si el ayuntamiento cumple o no su compromiso. Pero, incluso las reglas también tienen problemas de credibilidad, si se pueden cambiar con facilidad por el mismo órgano que la dictó. Por eso muchas de las reglas que pretenden resolver estos problemas suelen tener mecanismos reforzados de revisión, que hacen más creíble que se vayan a mantener en el tiempo.

Lógicamente este problema no se presentaría si los agentes no pensasen, sino simplemente creyesen lo que les dice la autoridad correspondiente que fija la política. Puede haber escasos campos en los que los agentes nos piensan en la credibilidad de los anuncios políticos. Si existe la capacidad de sorprender el problema variaría.