En estos momentos uno de los debates más importantes que existen en la sociedad española es el de la regeneración política. Creo que la estabilidad presupuestaria puede aportar bastante a la regeneración política de España o de cualquier otro país por la vía de la responsabilidad. La responsabilidad es un valor político, económico y ético. La responsabilidad parte de que el sujeto que actúa acepte que recaigan sobre él las consecuencias de sus actos realizados libre y voluntariamente. 

Los desequilibrios presupuestarios favorecen la creación de una ilusión, la de que es posible ingresar menos tributos para realizar más gasto público del que se podría llevar a cabo si no se pudiese recurrir permanentemente al endeudamiento. Esa ilusión puede llegar a ser cierta. Un determinado déficit se financia a través de un endeudamiento que no se devuelve, que se refinancia indefinidamente. El problema surge cuando se pierde la confianza de los inversores. En ese momento, que puede ser muy lejano en el tiempo del momento en el que se incurrió en la deuda, habrá que pagar no solamente la deuda, sino también las consecuencias de la desconfianza. Por eso puede suceder que la población del país que ha de pagar la deuda sea muy diferente de la que vivía cuando se incurrió en ella. Es posible que muchos de los que vivan en el momento en el que hay que afrontar el pago no hubiesen siquiera nacido cuando se incurrió en el déficit público que hizo surgir la deuda. Otra posibilidad que por desgracia se da con demasiada frecuencia es que se produzca un impago de parte de esa deuda.

Pensemos en las consecuencias políticas que todo esto tiene. En primer lugar, da al político la posibilidad de no tomar en serio las cuentas públicas. Existe la posibilidad de cubrir agujeros endeudándose sistemáticamente. El caso griego, con el falseamiento de las cuentas públicas es muy claro. Diferente es el caso cuando para poder gastar más hay que exigir públicamente a los ciudadanos mayores tributos. Creo que ese es el verdadero ejercicio de responsabilidad. Los ciudadanos han de saber que para sostener los gastos públicos es necesaria su contribución, y esa contribución se exige explícitamente por sus representantes políticos en forma de mayores tributos cuando se pretende gastar más. Igualmente cuando un gobierno promueve medidas encaminadas a reducir la recaudación tributaria debe exponer explícitamente qué gastos van a ser reducidos. De esta forma son los mismo ciudadanos que realizan sacrificios los que obtienen los beneficios, no se difiere en el tiempo.

El impago de la deuda es otra posibilidad que puede surgir en los países altamente endeudados. Todo inversor en deuda pública debe saber que ese riesgo existe y, como resultado, puede tener que hacerse cargo de una pérdida. Normalmente a ese riesgo va asociada una prima que le hace partícipe de  un mayor rendimiento. El problema surge cuando el Estado no incumple por ser imposible, sino por el mero ejercicio de su soberanía, como forma oportunista de romper sus compromisos anteriores. Pero en ese caso los acreedores harán pagar al país las consecuencias en forma de pérdida de confianza.

Cuanto menos sencillo sea en un presupuesto reducir los tributos sin que se traduzca en una reducción del gasto público o aumentar los gastos sin subir impuestos  mayor debe ser la implicación política y ciudadana en ese presupuesto. Uno de los escasos efectos favorables de la crisis ha sido el incremento de la vigilancia ciudadana y la toma de conciencia de la importancia de la transparencia política. La gente se queja cuando se malgasta el dinero, cuando ve que su dinero se destina a la satisfacción de clientelas políticas bien organizadas o cuando se desvía hacia la corrupción, pero no se quejaba con la misma fuerza antes, porque no percibía nítidamente que ese dinero tendría que redundar en mayores impuestos o menores gastos. Esa mayor conciencia favorece el debate de cuánto y cómo se debe ingresar y dónde se debe gastar.  Hay una mayor vigilancia ciudadana. El ciudadano ya no vive tan de espaldas al presupuesto.

Otra cuestión importante es que sabemos que el voto depende de muchos factores, pero uno de ellos, uno de los factores importantes, es la satisfacción con las prestaciones públicas. Para mejorar la satisfacción un elemento irrenunciable debe ser la búsqueda de la máxima eficiencia, es decir, hacer más con menos. La estabilidad presupuestaria debe dejar pocos resquicios que no sean una Administración más eficiente para poder dar el mayor grado de satisfacción de la gente. El endeudamiento puede generar una falsa sensación de satisfacción.

Otro de los grandes males que se pueden producir en un país es un grado elevado de clientelismo político. Las clientelas políticas suelen surgir en ámbitos muy bien organizados y se aprovechan de esa falsa sensación que produce el endeudamiento de que financiar su objetivos no se traduce necesariamente en mayores impuestos o recortes del gastos público para otra personas en el momento en que se toma la decisión favorable a sus intereses.

Llevado a la situación española creo que ha llegado el momento en que se está adquiriendo una mayor conciencia de lo importante que es tener unas finanzas públicas bien estructuradas, por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. Muchos debates son complejos, pero la transparencia puede ayudar a afrontar esos debates. Comenzamos a conocer mayores detalles de cómo se gasta el dinero público hasta ahora desconocidos. En esa labor la austeridad ha tenido el efecto favorable de obtener una mayor implicación del ciudadano, tanto prestando atención a los debates sobre el gasto público, como siendo el motor de la reclamación de transparencia.

Nos queda mucho por hacer en el terreno tributario. La mejora de nuestro sistema tributario es más compleja, dada la elevada dependencia del exterior. Dependemos del exterior por la existencia de normas comunitarias con implicaciones en nuestro sistema tributario, por la existencia de tratados internacionales, por la competencia fiscal que existe con otros países, por el intercambio de información, por la existencia de paraísos fiscales, etc. Pero también existe un margen para la reforma del sistema tributario. Es importante que la sociedad española tenga claro que el nivel de gasto público y la presión fiscal van de la mano, y el camino hacia la estabilidad presupuestaria puede ayudar en ese sentido. Pero también es importante lograr la máxima eficiencia y equidad en el sistema tributario. Un sistema tributario eficiente produce las menores distorsiones en las decisiones de los individuos. Un sistema tributario justo hace que cada ciudadano contribuya según su capacidad económica. En algunas ocasiones esos dos objetivos no son plenamente compatibles y hay que elegir. Creo que dentro de unos límites que no distorsionen excesivamente la economía, la austeridad conduce a una mayor toma de conciencia de la importancia de un sistema tributario justo. Otra vez la responsabilidad es clave. Cada uno debe ser responsable del sostenimiento de los gastos públicos en la medida de sus posibilidades. Especial relevancia tienen los incentivos fiscales tales como exenciones, reducciones de la base imponible, deducciones, tipos de gravamen reducidos, etc. Los incentivos fiscales deben limitarse a los casos de clara justificación desde el punto de vista de la eficiencia o de la equidad. Del mismo modo que se produce el fenómeno de la traslación de los impuestos, también se produce un traslado de incentivos fiscales que pueden hacerlos caer en manos de colectivos bien organizados, que no aparentan a primera vista ser los beneficiados por la medida. Es otra fuente de clientelismo político.

En el aspecto del gasto público, esa toma de conciencia y la mayor vigilancia ciudadana de las cuentas públicas ha propiciado el descubrimiento de múltiples focos de dinero malgastado, pero sobre todo mal justificado. El ejemplo más claro han sido las cuentas públicas municipales. Mientras hubo financiación abundante muchos alcaldes gastaron en obras de dudosa rentabilidad social entre otras cosas porque un buen alcalde para ser elegido tenía que «hacernos cosas». Esas «cosas»  eran obras que la gente no percibía como costosas. Ahora, al llegar los recortes de gasto y aumentos de impuestos, la gente comienza a percibir que hay que gastar de forma responsable y justificada. La gente comienza a preguntarse con mucha mayor frecuencia para qué sirve una determinada actuación, si existen alternativas, vigila la actuación de sus políticos.

En resumen, creo que la vigilancia ciudadana es una de las mejores garantías de que no se desvíe el dinero público al derroche, el clientelismo político y la corrupción. Para que los ciudadanos eleven su alerta creo que es completamente necesario que sean conscientes de que las acciones de sus representantes políticos van a recaer sobre ellos y la estabilidad presupuestaria es la mejor forma de que no exista la vía de escape de financiar sustanciales aumentos del gasto público o reducciones de impuestos con endeudamiento.