No pocas veces tenemos una mirada muy superficial sobre muchos aspectos cotidianos. Uno de ellos es el de los servicios públicos gratuitos, al menos teóricamente. Y, no, no me refiero a que eso que llamamos «gratuito» sale de los impuestos que paga el contribuyente, sino a costes derivados de su uso

Los otros costes de los servicios públicos gratuitos

Algunas veces los servicios que presta el Estado están sujetos a una contraprestación por parte del usuario en forma de tasas, precios públicos, cotizaciones sociales, contribuciones especiales…

El resto de servicios públicos tienen una consideración social de ser gratuitos. Sin embargo, pocos son los que se puedan emplear por sí solos. Por ejemplo, de nada sirve tener acceso a una televisión gratuita si no se dispone de televisor u otro aparato para recibirla, un espacio donde poner dicho equipo, un consumo eléctrico, etc.

Lo curioso es que ese coste que tiene que sufragar el usuario varía mucho en función de sus circunstancias personales. Por ejemplo, la cercanía del lugar donde se presta el servicio al lugar de residencia puede facilitar unos menores costes de transporte, manutención, alojamiento, etc.

Las políticas para aproximarse a la verdadera gratuidad

El ejemplo de la educación es muy ilustrativo de que han existido políticas para hacer universalmente gratuitos algunos servicios educativos, particularmente los relacionados con la educación obligatoria.

A lo largo de los años, con discontinuidades, avances y retrocesos se han ido proponiendo políticas de becas y de financiación total o parcialmente pública de servicios como los de comedor, transporte escolar, determinados materiales, etc.

Las implicaciones sobre la distribución de la renta

Como regla general, los programas para disminuir la parte del coste de los bienes y servicios asociados al servicio público gratuito que asume el usuario se orientan al público con menor nivel de renta.

Sin embargo, en general, no se tiene en cuenta que la mayor o menor accesibilidad a los servicios públicos condiciona las posibilidades materiales de vida. En definitiva, el efecto que produce es como si se diese un incremento o disminución en su nivel de renta.

Por ejemplo, el nivel cultural condiciona el acceso a los servicios públicos. Muchas personas no usan algunos que tienen a su disposición por desconocimiento o, simplemente, porque no entienden cómo se usan.

Otro caso es el de las diferentes localizaciones geográficas. Quien, por ejemplo, renuncia a unos estudios porque los costes relacionados con el desplazamiento le resultan muy elevados, tiene un peor nivel de vida que una persona con el mismo nivel de renta que tiene facilidad de acceso a los servicios públicos.

El servicio público universal y el servicio público gratuito

La noción de servicio público universal no está especialmente relacionada con la prestación de servicios por el Estado. Se trata de un concepto clave para obligar a empresas privadas a ofrecer una accesibilidad de sus servicios a públicos que no serían rentables.

Pensemos, por ejemplo, en la llegada de servicios tan importantes como el de suministro eléctrico a localidades con muy poca población y alejadas de los principales núcleos.

 Los usuarios tienen que pagar, sí, pero unas cantidades que no se corresponden con los costes y que se relacionan con lo que pagan otros usuarios con mejores condiciones para acceder a este tipo de servicios, como los de las ciudades.

Lo que vemos es un servicio donde se ha procurado ya no la gratuidad, sino una mejora de las condiciones de acceso por parte de determinados colectivos.

Los servicios prestados por el Estado frente a las personas

La equidad vertical implica tratar de forma distinta a individuos que se encuentran en circunstancias diferentes. La diversidad generacional, cultural, geográfica, de adaptación a las nuevas tecnologías, de perfiles de renta, etc. son algunos de los retos que deben afrontar los servicios públicos.

Esa diversidad tiende a ser, en algunos aspectos, creciente. Ello obliga, teóricamente, a organizar los servicios públicos desde una perspectiva integradora.

Las empresas privadas pueden, en tanto cumplan con las obligaciones que servicio público universal que puedan tener encomendadas, dirigirse a segmentos concretos de la población.

El Estado, teóricamente, no puede dirigir sus políticas hacia un solo público. Sin embargo, no es raro que la política se oriente a alcanzar una mayoría de personas satisfechas, es decir, un segmento amplio, pero no la totalidad de la población.

Si cada uno pensamos, en los servicios que nos presta el Estado, seguramente llegaremos a la conclusión de que muchos nos resultan accesibles. Es decir, formamos parte de la mayoría para la que están pensados esos servicios.

Sin embargo, no es raro que en algunos veamos una accesibilidad limitada. Muchas personas dan una enorme importancia a este tipo de carencias, mayor a la que dan a los servicios públicos a los que acceden con gran sencillez. Con frecuencia, se valora más lo que nos falta que lo que tenemos.

La percepción social de los servicios públicos se puede ver muy amenazada si solamente se configuran en torno a la idea de gratuidad como sinónimo de que no haya que pagar por cada prestación. Es necesario dar un paso más allá y pensar en términos de accesibilidad.