El Gobierno acaba de dar a conocer que comenzará a aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, que cesará a los principales dirigentes del Gobierno de Cataluña y que convocará elecciones autonómicas catalanas. Llegados al punto de la declaración unilateral de independencia ¿existía alternativa?

El impacto económico de una declaración unilateral de independencia tolerada

Si el Gobierno hubiese tolerado la declaración de independencia es probable que, a la larga, se hubiese hecho efectiva. Si el Estado no reacciona, la legalidad sigue vigente, pero la Administración estaría dirigida por personas que se desentienden de ella.

Sin embargo, el mayor problema es, precisamente, el impacto en las decisiones de los agentes económicos del desentendimiento del Estado en la defensa de su propia ley.  Y cuando hablamos de agentes económicos estamos hablando de las grandes empresas, pero también de las pequeñas, de las familias, de toda clase de instituciones públicas y privadas, etc.

Esos agentes económicos podrían tomar ese desentendimiento como una señal de que el Estado hubiese sido incapaz de mantener el orden, de que la ley se considera como optativa o de que un pueblo se ha alzado contra un orden injusto.  Veamos cuáles podrían ser las consecuencias en cada uno de esos escenarios.

El Estado incapaz de mantener el orden

El orden es entendido como un conjunto previsible de consecuencias jurídicas a las decisiones que toman esos agentes económicos y de toda una serie de elementos del entorno que afecta a esas decisiones.

Si el Estado es incapaz de mantener ese orden, los agentes económicos no tienen una forma de saber el marco jurídico al que se enfrentan. Eso hace prácticamente imposible prever escenarios posibles y, por lo tanto, comprender cuáles pueden ser los resultados de tomar la decisión de entablar algún tipo de relaciones con ese país. Esa imprevisibilidad no suele gustar a los agentes económicos.

La consecuencia es que se postergan o descartan las decisiones. Los inversores se plantean si conviene replantear el proyecto, trasladarlo a otro lugar, o esperar acontecimientos.

Algo semejante sucede con los importadores y exportadores que se plantean iniciar relaciones con un lugar. Incluso, los trabajadores se pueden replantear si ese lugar es un buen destino.

Y, por supuesto, los ahorradores e intermediarios financieros tienen miedo a qué puede pasar con su dinero. No hay garantías de que lo que dice la ley se pueda cumplir.

La optatividad de la ley

Otra posibilidad es que consideren que, en el fondo, la ley es un instrumento de convivencia y que, cuando una de las partes no está contenta, tiene derecho a considerarla inválida.

Ese discurso político-jurídicamente es enormemente discutible. Desde el punto de vista financiero es una bomba de relojería. Una parte importante de los ahorros de las familias en gran parte del mundo están colocados en deuda pública.

La optatividad de la ley tiene como corolario la optatividad de los compromisos de los estados, en particular de los compromisos de pago. Si esa conclusión se traslada a otros lugares del mundo y se extiende en los mercados financieros, las repercusiones sobre la deuda pública pueden ser importantes. Los bancos centrales de todo el mundo podrían verse obligados a tomar muchas decisiones heterodoxas.

 Un pueblo levantándose contra un régimen injusto

Si se extiende la idea de que el país que sufre la escisión unilateral de una parte de su territorio es un régimen arbitrario e injusto, las consecuencias pueden ser graves.

Se puede tomar como ejemplo contrario las repercusiones económicas de la apertura de regímenes dictatoriales. Cuanto más rápido y decidido sea el camino hacia la seguridad jurídica y el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, así como a la libertad de empresa, el país suele ver un efecto más intenso en su crecimiento.

En este caso, el camino sería el contrario. Se consideraría que estamos ante un Estado fallido y a la deriva. Se produciría una huida del país de todo tipo de agentes económicos.

El impacto económico de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española

Las medidas anunciadas por el Gobierno marcan una decisión de mostrar la fuerza del Estado, de reafirmación de la ley y la democracia en España.

Es muy importante que esas decisiones no son arbitrarias. Se enmarcan dentro un marco legal y estatutario. Por lo tanto, se trata de un marco previsible.

Evidentemente, el camino está lleno de dificultades, pero los agentes económicos pueden estar tranquilos mientras no se demuestre lo contrario. La ley se aplica, encontrará dificultades y resistencias, pero el Estado está trabajando en la pronta restauración del orden. En última instancia, habrá unas elecciones que aportarán alguna mayor claridad al marco jurídico-político en el que los agentes económicos toman sus decisiones.