En una entrada anterior explicaba mi opinión sobre las razones del descontento de muchos ciudadanos de Cataluña con la situación económica de Cataluña. En esta me centraré en exponer qué propuesta haría yo para mejorar la satisfacción de muchas personas en toda España, y en particular en Cataluña.

Hay una fuente de insatisfacción que se puede relacionar con aspectos como el paro, la corrupción, el deso de una sociedad más innovadora, etc. Me parece que son aspectos que trascienden a lo que son los problemas propiamente autonómicos y que deberían tratarse a nivel básicamente nacional.

Mi propuesta se centraría en la mejora de las infraestructuras, los servicios públicos y su financiación. Creo que del mismo modo que se podría hacer en Cataluña se podría hacer en todo el resto de España. Eso es muy importante, porque me parece que el camino de las singularidades es el camino hacia ninguna parte.

No veo un punto de la Constitución o el Estatuto que, con su modificación, haría resolver esos problemas que preocupan a los ciudadanos no solamente de Cataluña, sino de todo el resto de España. Esos problemas no se resuelven reconociendo especificidades, ni catalogando a España como una nación de naciones, ni con un indefinido federalismo que solucionaría todos los problemas.

Tampoco creo que el problema sea de la cuantía de la financiación. Pensar que todo se arreglaría con más dinero me parece ilusorio. Hay un problema profundo de articulación, de forma de hacer las cosas.

Claro que será necesario financiar actuaciones concretas que contribuyan a una Cataluña más eficiente y equitativa. Pero estamos hablando de inversiones puntuales, no de echar el freno a la redistribución territorial de la renta.

Dejar de redistribuir puede generar una economía catalana, y española en general, más desigual y falta de oportunidades. Redistribuir demasiado puede desincentivar el esfuerzo porque todo el mundo recibirá más o menos lo mismo, independientemente de su esfuerzo. Pero redistribuir demasiado poco puede colocar a la mayoría de la población ante la falta de oportunidades. Esa parte de la población puede pensar que, haga lo que haga, siempre ganarán los mismos y que no tiene sentido el esfuerzo. No creo que en estos momentos el problema de Cataluña sea el de reducir la solidaridad con otros territorios.

Mi propuesta

Simplemente haría alguna pequeña modificación en el sistema de financiación y en las leyes presupuestarias para incluir programas de actuaciones prioritarias acordados multilateralmente.

Yo plantearía un programa de inversiones que tendría dos capítulos. El primero sería el de las infraestructuras de transporte, el segundo el de la inversión en nuevas infraestructuras que puedan mejorar los servicios que reciben aquellos grupos más necesitados en los lugares donde mayores desigualdades hay y donde el acceso a los servicios públicos sea más complejo.

La mejora de las infraestructuras de transporte debería respetar varias premisas. En primer lugar deben estudiarse los costes y beneficios de cualquier actuación, estudiar las alternativas y su impacto en la distribución de la renta.

En segundo lugar, una vez estudiadas las necesidades, debería haber un pacto multilateral entre las administraciones central, autonómica y locales. Eso es muy importante. Lo que salga de ahí debe ser entendido como un conjunto  coherente de actuaciones y no como un repertorio de ideas que toma cada administración por su cuenta.

La proporción en la que participase el Estado de la financiación de ese proyecto conjunto debería depender de si la competencia en las infraestructuras concretas que se valoren como beneficiosas es suya. Pero también debe ser mayor si el grado de consenso es amplio, si se consigue el objetivo de un plan coherente de mejora de las infraestructuras. Y debe haber una mayor financiación del gobierno central a aquellas infraestructuras que proporcionan mayores beneficios para el conjunto del país.

La segunda parte del programa creo que debería ser el establecimiento de una lista de puntos negros, de necesidades concretas en lugares concretos sobre materias concretas como educación, sanidad, servicios sociales, etc. Esa lista debería surgir de un consenso político amplio en todos los niveles administrativos.

Esas necesidades, aunque la competencia sea autonómica o local, podrían cubrirse financieramente  en una parte por el Estado en un programa conjunto que implicase a todos los niveles de la Administración.

Una posibilidad sería negociar una cantidad que financiase el Estado. Eso podría ser fruto de una negociación entre el Estado, la comunidad y representantes de las Administraciones Locales.

El Estado podría financiar la construcción de determinadas infraestructuras. Podría financiar la construcción de un instituto en un lugar donde se considera especialmente necesario, la ampliación de un hospital comarcal, la modernización de una depuradora, etc.

Como las competencias en esas materias son de otras administraciones, una vez construidas las correspondientes infraestructuras, esas administraciones se comprometerían a tener una cifra indisponible en el presupuesto durante muchos años para financiar los gastos que supongan la puesta en servicio de esa nueva escuela, de la ampliación de aquel hospital o de cualquier otra actuación que se haya realizado.

Como lo que hoy se considera prioritario mañana se puede considerar menos necesario se podrían establecer mecanismos de revisión. Por ejemplo, se podría cerrar ese instituto nuevo si se considera por una mayoría suficiente (por ejemplo 2/3) que ya no es necesario, por ejemplo porque se va a construir otro instituto nuevo en otro lugar. Pero desentenderse de los gastos acordados del funcionamiento del instituto considerado prioritario debería contar también con el visto bueno del Estado. De lo contrario debería devolverse al Estado un porcentaje de la financiación del instituto, que estaría en función del tiempo transcurrido entre la construcción y la decisión de que ya no es prioritario su mantenimiento.

Ese tipo de financiación  de los gastos tendría la ventaja de que el Estado financia las actuaciones prioritarias, calificadas así por un consenso político amplio (por ejemplo 2/3 en cada uno de los ámbitos implicados), haciendo responsable de su mantenimiento a quien las reclama como prioritarias.

La responsabilidad surgiría porque, dados los compromisos de estabilidad presupuestaria, las administraciones competentes no tendrían la capacidad de decir que se ponen a gastar en gastos que no consideraron prioritarios por encima de lo que sea asumible sin dejar de cumplir con los compromisos de estabilidad presupuestaria. Entiéndase que, en caso de crisis, hay que acomodar los compromisos a la situación de crisis.

Eso impediría que las administraciones autonómicas y locales acumulasen en época de bonanza un importante volumen de gasto en materias consideradas como no prioritarias.

Lógicamente, con el paso del tiempo, podrían surgir nuevas prioridades que podrían ser financiadas con mayores impuestos, recortes en otras partidas o algún programa periódico del Estado para cubrir en alguna medida esas nuevas prioridades.

 ¿De dónde saldría ese dinero para esas actuaciones puntuales? Saldría del recorte, en todas las administraciones, de gasto público calificado como no prioritario, de subidas de impuestos si se considerase necesario y solamente como último recurso de la emisión de deuda pública, supervisada siempre por los organismos internacionales con los que mantenemos compromisos de estabilidad presupuestaria.

La cuantía de la financiación de esos programas de actuaciones prioritarias acordados multilateralmente dependería de hasta dónde pudiese llegarse en esas modificaciones del presupuesto fruto de recortes en otras partidas, subidas de impuestos o emisión de deuda.