Tipos de corrupción (III): la corrupción del mero trámite


Existe una forma de corrupción que se supone, a mi juicio equivocadamente, que tiene poca importancia: la corrupción del mero  trámite. Este tipo de corrupción  no alteraría el curso normal de los acontecimientos. No hace que suceda nada que no tendría que suceder, simplemente aligera algún trámite o requisito accesorio. No debe confundirse con aquella en la que se pretende alterar algún requisito esencial, del cual depende el desarrollo de una determinada actuación. No encajarían en este tipo de corrupción la dirigida a alterar una declaración de impacto ambiental o la calificación urbanística de unos terrenos, por ejemplo.  La corrupción del mero trámite es muy acuciante en algunos países, sobre todo en países en vías de desarrollo. Y es una de las principales formas de corrupción funcionarial. En estos casos es habitual, por ejemplo, pagar a un funcionario o a un político para que los trámites se aligeren.

En este tipo de corrupción, de lo que se trata es de llevar de forma irregular a un procedimiento administrativo al punto en donde tendrá que terminar de forma natural, o bien se trata de que una determinada actuación de la Administración tenga lugar antes de lo previsto.

El primer problema que plantea esta forma de corrupción es la existencia de trámites innecesarios. Una Administración eficiente debe exigir todos los trámites que sean necesarios, pero ni uno más de los necesarios. Si existen supuestos en los que el requisito no tiene fuerza para cambiar, aunque sea mínimamente, el curso de los acontecimientos, se podría conseguir lo mismo con menos requisitos. Es un caso claro de ineficiencia. Ese requisito debería exigirse solamente cuando de él dependa en algo el curso de los acontecimientos. Naturalmente, el requisito puede consistir en recabar la información necesaria que demuestre que se cumplen determinadas condiciones. Pero incluso en estos casos, una Administración eficiente solamente solicita información relevante. El diseño del supuesto de hecho en el que se exigirá la información es esencial.

Se puede plantear que la opción por el cumplimiento legal del trámite o los subterfugios corruptos para librarlo puede contribuir a separar en dos a los individuos. Aquellos que utilizan la corrupción como forma de aligerar el trámite tendrán una mayor valoración subjetiva del tiempo que ganan con la menor duración del trámite o con alguna prestación de la Administración más temprana. De algún modo, se trataría de que lleguen antes quienes más lo valoran. Pero eso tiene implicaciones muy graves sobre la distribución de la renta. Quien tiene en su mano mejores posibilidades, que son las que hacen que ese individuo tenga una valoración subjetiva relativamente mayor que la de otros individuos, se ven favorecidos por una vía de escape como la corrupción. Quien tiene peores posibilidades ve como su situación de desventaja se acaba afianzando. De forma indirecta, este tipo de corrupción aparentemente inocente, puede acabar por beneficiar a quienes mejores posibilidades tienen en perjuicio de los que parten de una situación más desfavorecida.

La pregunta clave es si carece de importancia que, ante una determinada actuación de la Administración, haya individuos para los que su mejor respuesta sea incumplir la ley. Creo que la respuesta a esa pregunta no se debe dar cínicamente caso por caso, en el sentido de que habría casos en los que al individuo, valoradas todas las posibilidades, le conviene cruzar la linea marcada por la ley. Creo que hablamos de algo más profundo, donde no valen los casos particulares, la ley ha de cumplirse en su conjunto. La ley es un instrumento de cooperación entre los individuos, que debe transmitir confianza a sus relaciones. Si existen casos concretos en los que puede convenir transgredirla, eso quiere decir que los individuos no pueden tener la confianza en que esa ley se cumplirá. Muchos pensarán que, si nadie cumple, ¿por qué habrían de hacerlo ellos? Una sociedad debe aspirar a que a la mayoría le convenga cumplir siempre la ley, porque es la forma en la que el Derecho puede ofrecer confianza a las relaciones entre los individuos.

Un elemento fundamental es que, si bien no estamos hablando de formas de corrupción que vayan a cambiar el curso de los acontecimientos, sirven para destruir una señal muy valiosa. Cuando uno se relaciona con una persona que incumple la ley puede plantearse razonablemente si eso supone que esa persona no sea digna de su confianza. Pero si nadie cumple con la ley, porque se ha creado un requisito innecesario, esa señal ya no funciona. Hay lugares donde la gente cumple de forma muy estricta la ley porque incumplirla podría generar desconfianza en un amplio conjunto de relaciones, podría ser visto por los demás como una señal de que esa persona no es una persona cumplidora. Si uno se entera que el pescadero de su barrio ha pagado por aligerar unos trámites municipales puede pensar que, de la misma manera que incumple la ley, puede incumplir sus compromisos con sus clientes, vendiendo pescado de peor calidad de la que dice que tiene. Es muy probable que los clientes del barrio se acaben enterando de que su pescadero ha transgredido la ley. Pero si, además de su pescadero, lo hace todo el mundo, ¿qué señal se emite? Ninguna. Y esa señal que se pierde hubiese sido un elemento promotor de la confianza entre los individuos. Pero no es tanto que el cumplimiento de la ley refuerce la confianza, como el hecho de que donde reina la confianza se refuerza el cumplimiento de la ley. El incumplimiento de la ley es la manifestación de un problema más profundo, el de la falta de confianza de los individuos en que aquellos con los que se relacionan cumplirán sus compromisos. En sociedades donde un funcionario o un político te puede exigir un dinero para evitar que los trámites se alarguen hay un problema de que a la gente le pueden convenir estrategias poco cooperativas en la mayoría de parcelas de su vida. Este tipo de corrupción manifestada en el mero trámite sería solamente una forma particular de manifestación de dicho problema.

Acerca de Gonzalo García Abad

Licenciado en Economía con amplio interés en la Fiscalidad, la Contabilidad, las Finanzas y el Derecho.
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