En otra entrada decía que la estabilidad presupuestaria podía ayudar a mejorar los problemas de los españoles y que uno de los problemas más importantes es la búsqueda de una economía más eficiente, de una economía que aproveche mejor los recursos de los que dispone, que pueda conseguir más con esos recursos.
Y un aspecto crítico es conseguir dar el mejor empleo a los recursos que no empleamos, y de manera particular al elevado volumen de desempleados, dirigiendo esos recursos a las actividades en las que más provechosos son.
Recientemente hemos venido observando en España que la necesidad de mayor austeridad ha propiciado el afloramiento de casos en los que los responsables políticos han derrochado dinero en lujos innecesarios. Seguramente haya demasiado ruido en los medios de comunicación, que pueden amplificar la resonancia de una determinada noticia, pero sí es cierto que en multitud de casos se podría haber hecho más con menos. Como digo, la eficiencia consiste en obtener más con los recursos de los que disponemos o conseguir lo mismo con menos recursos. La disposición de menos recursos, unida a una mayor exigencia ciudadana puede promover una mayor eficiencia.
La ineficiencia en una economía tiene muchas más facetas que el simple derroche. Es posible que se empleen recursos innecesarios para producir determinados bienes y servicios, es decir, que se podría haber producido lo mismo empleando menos de alguno de los recursos que se emplean para producir sin necesidad de incrementar el empleo de otro tipo de recursos. En ese caso hablamos de ineficiencia técnica.
El déficit público puede ser una fuente de ineficiencia técnica. Se cuenta el chiste de que lo mejor para impulsar la demanda sería contratar a una persona para que hiciese un agujero y otra para que lo tapase. Se incrementa la demanda porque esas personas consumen y eso acerca la economía al pleno empleo. Lógicamente esas actividades se financian con déficit, porque una subida de impuestos retraería la demanda. Es evidente que estamos introduciendo una ineficiencia en la economía. No necesitaríamos tapar ningún agujero si antes no lo hubiésemos hecho. Dos trabajadores podrían dedicarse a otras cosas. Esto que suena a chiste tiene una parte de realidad, de hecho es habitual que una parte del déficit público estructural venga de realizar inversiones precipitadas, porque uno de los objetivos que busca es sacar al país de la crisis y ese es un objetivo urgente. Muchas de esas actuaciones acaban siendo ampliamente enmendadas con el tiempo, por mala planificación.
Uno de los desafíos a los que se enfrentan los presupuestos públicos es su gran dependencia de los presupuestos del año anterior. Por ejemplo, supongamos que se decide hacer una carretera en un determinado año y la obra va a durar 5 años. Si después se considera que no es un gasto conveniente podemos parar la obra antes de su finalización, pero habremos gastado mucho dinero que no obtendrá retornos. Además, habría que asumir costes como indemnizaciones y costes de desmantelamiento, con lo que lo más probable es que se termine acabando la obra.
Un caso muy claro es el de la proliferación de todo tipo de organismos. ¿Se puede reducir el número de organismos de manera sencilla si se considera con el tiempo que no son convenientes? No es tan sencillo, porque el cierre de un organismo conlleva unos costes. El personal funcionario debe ser reasignado a otras labores, lo que lleva unos costes. Hay que plantearse que se hace con los contratos adjudicados, con el patrimonio del organismo. En algunos casos puede ser posible reorganizar todos esos recursos, pero no suele ser una labor sencilla enmendar el error.
Es muy importante tener en cuenta que cada nuevo proyecto mal calculado, cada error, se transmite al conjunto de la economía de forma directa a través de la actividad concreta afectada, pero de forma indirecta a través de todas las actividades con las que se relaciona esa actividad. Por ejemplo, pensemos en una obra para hacer un juzgado en la que se observa que el edificio no está bien planificado porque le sobran espacios para unas actividades y le faltan para otras. Es muy probable que esos recursos que se han gastado mal ocasionen un mal funcionamiento del juzgado, con lo que los usuarios de la justicia también se verán afectados. Eso mismo se puede decir de una carretera, un colegio, un hospital, etc. Y estas actividades perjudicadas se encarecen, lo que a su vez traslada nuevos efectos perjudiciales al resto de la economía.
Cuando existe una mayor holgura se tiende a iniciar más proyectos que condicionan presupuestos futuros. Paralelamente, esa mayor holgura se suele manifestar en menor exigencia ciudadana. Existe un importante riesgo de que se inicien proyectos que condicionen severamente el futuro, porque un déficit estructural aporta al político la oportunidad de iniciar proyectos de los que el ciudadano no percibe de una forma clara, y sobre todo inmediata, que haya que costearlos en el futuro, en forma de renuncia a otros gastos públicos o en forma de aumento de los impuestos. Es evidente que el ciudadano percibe de una forma más clara aquellos efectos que son más inmediatos. Por ejemplo, si un alcalde dice que hay que hacer una obra pero que para ello hay que renunciar a algunos servicios municipales tendrá gente que se opondrá a la medida. Si dice que hay que subir los impuestos, también habrá gente que se opondrá a la medida. Puede financiar ese proyecto con nuevos recursos procedentes del crecimiento económico, si lo hay, pero si lo financia con déficit la oposición será mínima. Pensemos simplemente en el número de personas que conocen el detalle de los presupuestos de su municipio. El déficit público tiene una cierta invisibilidad, la mayoría de la gente sólo percibe el déficit cuando llegan los recortes.
Una de la cuestiones de las que hay que ser plenamente conscientes es de que existe un efecto desplazamiento, que la inversión pública desplaza a la privada. En los mercados de bienes, un incremento del gasto público supone una mayor demanda para cualquier tipo de interés, o visto de otra manera, supondrá o bien un aumento de la renta (que es lo que se buscaría), o de los tipos de interés o ambas cosas. Un aumento de los tipos de interés hace que haya inversiones privadas que dejan de ser rentables. Por esa vía, cuando el Estado crea puestos de trabajo con esas inversiones debe ser muy consciente de que, si el incremento del gasto público se transforma en alguna medida en mayores tipos de interés (que es lo habitual), está destruyendo puestos de trabajo en otros sectores.
Un aspecto muy importante es saber si esa inversión pública que desplaza a la privada merece la pena. Puede haber muchas situaciones en las que la inversión pública merezca la pena. De hecho, una correcta inversión pública es uno de los motores del crecimiento económico. Sin embargo, hay riesgos de que la inversión pública merezca menos la pena a medida que nos apartamos demasiado de la estabilidad presupuestaria. Se supone que las inversiones públicas que retornan mayores beneficios para la sociedad son de las primeras en hacerse. A medida que se tiene más déficit, inversiones públicas cada vez con menores retornos van desplazando a inversiones privadas cada vez más atractivas. Hay que tener en cuenta que las inversiones a las que primero renuncia la empresa privada son aquellas que son menos atractivas. Posteriormente irá desplazando inversiones cada vez más rentables. La cuestión clave es encontrar un punto de equilibrio entre la inversión pública y la privada. Además, como digo, en España la exigencia ciudadana de un gasto público más eficiente se ha incrementado notablemente a medida que se han ido implantando medidas de austeridad. Se va adquiriendo conciencia de que los recursos públicos no son ilimitados y que deben gastarse en lo más conveniente. La gente cada vez es más consciente de que pueden existir casos en los que se ha derrochado el dinero.
El crecimiento económico basado en la exclusiva acumulación de capital tiene unos límites. Por ello es muy importante el mejor aprovechamiento de los recursos, que es una de las bazas del crecimiento económico. Ese mejor aprovechamiento de los recursos que se utilizan para producir, los denominados factores de producción, supone que son más productivos y, por lo tanto, más demandados. Entre esos factores de producción están los trabajadores. Una mayor demanda de trabajadores por parte de las empresas conduce a incrementos en los salarios y a creación de empleo de forma simultánea. Mejorar la eficiencia de nuestra economía es una de las herramientas irrenunciables en la lucha contra el desempleo.
Para que la estabilidad presupuestaria contribuya a una mayor eficiencia de nuestra economía, debe suponer una restricción que conduzca al político a tomar las decisiones que supongan destinar el dinero público a su mejor uso y ello requiere de un incremento de la exigencia ciudadana, que se ve facilitado por el hecho de que el político no pueda incurrir en un déficit estructural que alivie sus decisiones en el presente de la necesidad de una renuncia de los ciudadanos a ciertas prestaciones públicas o mayores impuestos.
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