En los últimos tiempos se está produciendo en España un debate sobre el déficit público,  y sobre la reforma constitucional que se llevó a cabo en 2011 para introducir preceptos relacionados con la estabilidad presupuestaria en la Constitución Española, que contribuyen a una cierta disminución de la discrecionalidad de los gobiernos central y autonómicos para incurrir en déficit público.

Creo que los problemas que preocupan a los españoles se podrían agrupar en cuatro grandes categorías:

1)¿Cómo salir de la crisis?

2)¿Cómo conseguir mayor eficiencia en nuestra economía? Esto está relacionado con mejorar nuestro potencial de crecimiento y con dejar de desperdiciar recursos como el enorme número de parados.

3)La distribución de la renta. En definitiva, quiénes son los principales perdedores.

4)El marco institucional y particularmente cómo reducir la corrupción.

Considero que la estabilidad presupuestaria, y particularmente unos ciertos límites a la discrecionalidad de los gobiernos, pueden tener un papel positivo en cada uno de esos cuatro ámbitos.

En próximas entradas iré desarrollando lo que opino de cómo puede afectar el déficit público a estas categorías de problemas que nos preocupan tanto a la mayoría de españoles. Hay que distinguir el déficit provocado por la crisis, un déficit coyuntural, del déficit como verdadera medida presupuestaria, el déficit estructural. El saldo presupuestario tiene una tendencia a arrojar déficit cuando el país está en crisis. Pensemos que la crisis disminuye la recaudación de los principales tributos, porque gravan precisamente aquéllo donde más se manifiesta una crisis. Así, suelen bajar los salarios y el número de trabajadores,  con lo que se reducen las cotizaciones a la seguridad social y el impuesto que grava la renta de las personas físicas. Del mismo modo, suelen caer los beneficios empresariales y los dividendos, lo que repercute en la recaudación de impuestos sobre la renta (tanto de personas físicas como jurídicas). Cae el consumo, con lo que disminuyen impuestos que gravan el consumo (como los impuestos especiales o el IVA). Pero, además de la caída de la recaudación de tributos hay un aumento de los gastos del Estado. La crisis origina la necesidad de atender a los perjudicados por la crisis, particularmente elevando de forma considerable el gasto en prestaciones por desempleo. Sin embargo, en épocas de auge, se invierte la situación, tendiendo a generarse superávit presupuestario coyuntural, lo que hace mucho más sostenible ese otro déficit que se acumula en épocas de crisis . Todo este déficit o superávit surge sin necesidad de decisión alguna de los gobiernos, no es un reflejo de su discrecionalidad para tomar decisiones, mientras que el déficit estructural sí es un reflejo de esa discrecionalidad. Pero no olvidemos que el cálculo de qué parte del déficit se debe a la crisis y qué parte es estructural es un debate más complejo de lo que aparenta. Un gobierno, por ejemplo, puede tomar decisiones sobre la cuantía de las prestaciones por desempleo que pueden condicionar la magnitud del déficit en una época de crisis.

Creo que el verdadero problema del déficit público  no son tanto sus cifras como qué parte de él depende de las decisiones discrecionales de política presupuestaria y si esas decisiones redundan en beneficios para los ciudadanos. Lo que yo opino es que un gobierno con un elevado margen de discrecionalidad para incurrir en un déficit elevado puede ser problemático por varias razones que iré desarrollando en próximas entradas. En primer lugar el déficit se ha mostrado antes de 2010 incapaz de sacar a España de la crisis. En segundo lugar surgen serias dudas de que el déficit no haya perjudicado las ya de por sí maltrechas posibilidades de financiación del Estado y de los agentes privados. Otro problema adicional es la precipitación con la que se toman medidas que desplazan a la inversión privada en favor de la pública sin una adecuada justificación. Una correcta inversión pública es uno de los pilares del crecimiento económico, y el déficit puede ser una herramienta para realizar esas inversiones; pero en caso de que no sean acertadas, esos errores se pueden arrastrar durante muchos años, haciendo que la economía desperdicie recursos,es decir, que sea una economía menos eficiente y que crezca menos. La cuestión de la distribución de la renta es muy importante, y particularmente lo relativo al impacto desigual que puede tener sobre las distintas generaciones y lo que respecta al impacto en la distribución de la renta de los recortes posteriores a las épocas de déficit. Por último me resulta preocupante el papel que hayan podido tener unos criterios más flexibles de déficit en los casos de derroche y corrupción que se han observado en España.

Una crítica que se hace a la reglas que limitan la discrecionalidad de los gobiernos es que son antidemocráticas. Son perfectamente democráticas, ya que se aprueban por procedimientos democráticos.