En una entrada anterior decía que me parecía que la estabilidad presupuestaria en términos estructurales y la reducción de la discrecionalidad de los gobiernos para incurrir en déficit público podría tener efectos positivos sobre algunas de las grandes preocupaciones de los españoles. Una de las preocupaciones más importantes es la salida de la crisis.

Mucha gente opina que el problema de la crisis, para poder solucionarse, necesita estímulos. Esos estímulos requerirían de déficit público. De lo que se trata es de impulsar la demanda. El Estado podría gastar lo que no gastan los agentes privados endeudándose, evitando subidas de impuestos que frenasen el gasto privado. O también podría bajar los impuestos, de manera que los agentes privados dispusiesen de más dinero para gastar, sin necesidad de reducir el gasto público.

Esa teoría falla por diversas razones. Falla porque las familias  pueden temer subidas futuras de impuestos o prestaciones públicas más deficientes en el futuro para pagar esas deudas. Eso puede hacer que no consuman más, sino que ahorren más porque esperen un futuro con menor disponibilidad económica. Falla porque el déficit puede incrementar los tipos de interés de  toda la economía, de modo que muchas inversiones privadas se dejen de hacer, lo que supondría una reducción de la demanda privada. Falla también porque los procedimientos que permiten subir el gasto público o reducir impuestos son muy lentos, de manera que desde que se plantea una decisión de incurrir en un mayor déficit hasta que se produce de manera efectiva ese déficit y tienen lugar sus efectos pasa mucho tiempo. Falla porque las políticas pueden estar mal diseñadas o basadas en datos incorrectos. Falla porque, ante un incremento de la demanda puede ser que las familias y las empresas anticipen una subida de precios y, para ofrecer la misma cantidad, exijan mayores precios, lo que supone una menor oferta que lleve a que no se incremente la producción sino solamente los precios sin obtener a cambio ni un mayor nivel de renta, ni un incremento del empleo, ni una reducción del desempleo. Son sólo algunos ejemplos, pero es indudable que, si aumentar la demanda fuese sencillo y efectivo, hace mucho tiempo que no tendríamos crisis.

Se puede decir que, aunque no sea sencillo, merece la pena intentarlo, ya que el objetivo de acabar con la crisis bien merece cualquier clase de esfuerzos. Es cierto, lo que sucede es que los desequilibrios presupuestarios pueden no terminar con la crisis y, sin embargo, tener unos importantes efectos negativos sobre el conjunto de la economía. Pensemos en el caso español. Al comienzo de la crisis nuestro gobierno decidió llevar a cabo una política que podríamos denominar estimulante. ¿Cómo se consigue? A través de un déficit público estructural. El déficit público puede ser coyuntural, debido a la crisis. Es perfectamente lógico que en una situación de crisis se reduzcan los ingresos públicos que provienen fundamentalmente de los tributos y que aumenten gastos como las prestaciones por desempleo. Pero, además, el gobierno decidió que el déficit público debía aumentar un paso más allá aumentando el componente estructural del déficit público con el fin de estimular la demanda. Para ello llevó a cabo iniciativas como el plan E. Ese incremento adicional del déficit y la expectativa de que pudieran llegar más medidas que condujesen a un mayor déficit originaron la percepción de que la deuda pública española era más arriesgada de lo que venía siendo. Eso elevó la famosísima prima de riesgo, elevando los tipos de interés de la deuda pública, lo que hacía la situación todavía mucho más insostenible, porque aumentan los gastos destinados al pago de intereses, con lo que el gasto aumenta, incrementando el déficit y la deuda, de modo que la percepción sobre el riesgo de la deuda pública española sigue creciendo. La deuda pública crecía como una bola de nieve. Llegó un momento en el que se tuvo que renunciar a ese tipo de política. Pero en ese camino, durante algunos meses aumentaron nuestros precios, disminuyendo algo nuestra competitividad. Además las empresas y las familias vieron muy disminuidas sus ya de por sí maltrechas posibilidades de financiación, ya que los intereses que se les exige están relacionados con los del Estado. El porcentaje de gasto público destinado a pagar intereses creció. En definitiva, la medida supuso una perturbación en nuestra economía que lejos de llevarnos a una recuperación nos trajo severas consecuencias.

La estabilidad presupuestaria estructural permite tener un déficit público en los años malos que se compense con el superávit de los años buenos, sin introducir perturbaciones en la economía a través de la política fiscal. Por eso me parece que es una buena medida para no agravar crisis. Quizá el problema es que la ciudadanía exige algún tipo de perturbación política que nos saque de la crisis sin tener en cuenta lo sencillo que es que las políticas sean infructuosas o que generen efectos perjudiciales. Las «soluciones» a la crisis muchas veces forman parte de las causas de la propia crisis o de su agravamiento.